La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis nicaragüense de Matagalpa, quien actualmente cumple una condena de 26 años por la presunta comisión de varios delitos contra la administración de Daniel Ortega.
La CIDH indicó que el monseñor Álvarez fue beneficiado con la medida por considerar que «se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
Quienes solicitaron la medida cautelar a esa instancia de la OEA recalcaron que el obispo está detenido en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro conocido como «La Modelo».
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Denunciaron que no se sabe nada del estado de salud del sacerdote, así como se desconoce si recibe atención médica o cuáles son las condiciones de reclusión en la que se encuentra.
Por ello, la CIDH exhorta al Gobierno de Nicaragua a adoptar las medidas pertinentes que garantice la vida, salud e integridad personal del monseñor Rolando Álvarez; que las condiciones de reclusión en la que está el religioso estén acordes a los estándares internacionales y a informar oportunamente a familiares sobre el estado de salud del obispo.
El25 de marzo, se difundió por primera vez fotos y un vídeo del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, dentro del lugar de reclusión. Las imágenes se hicieron durante un encuentro entre el prelado y sus familiares en el recinto penitenciario «La Modelo».
El monseñor Rolando Álvarez fue arrestado el 19 de agosto de 2022 tras permanecer por varios días dentro de un templo, el cual estaba rodeado por fuerzas de seguridad de Nicaragua. Al arrestarlo, fue enviado a prisión domiciliaria.
Se negó a salir de Nicaragua tras la medida del Ejecutivo de expulsar a más de 200 personas. Poco tiempo después, se le hizo un juicio donde se le condenó a 26 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración para desestabilizar al país, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades.
