(Caracas, 25 de enero, EFE).- Amnistía Internacional (AI) llamó este miércoles al Parlamento de Venezuela, de contundente mayoría oficialista, a poner «fin de inmediato» a un proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y el financiamiento de las ONG, cuya creación fue aprobada por el Legislativo, al considerar que la mayoría de estas agrupaciones tienen fines políticos.
A través de un comunicado, la organización afirmó que este proyecto de ley «busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela», por lo que lo consideró como «otro intento de restringir y controlar a la sociedad civil» del país.
Advirtió que, de aprobarse, «todas las ONG tendrán que cumplir con medidas abusivas», que incluyen la «divulgación de información sobre su financiamiento, personal y gobernanza», con lo que se «violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo» a las organizaciones «y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias».
Asimismo, AI acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de hostigar, perseguir y censurar «continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de las y los venezolanos en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de derechos humanos que está haciendo huir a un número sin precedentes de personas».
Este proyecto de ley, presentado el martes ante la plenaria del Parlamento por el diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, fue respaldado por la mayoría oficialista -con algunos votos en contra o salvados por legisladores opositores- y ahora entra en un «lapso perentorio de consultas» antes de ser discutida en detalle en la Cámara.
Cabello aseguró que la inmensa mayoría de estas asociaciones civiles o fundaciones «dependen de Estados Unidos» y operan como «apéndices» de Washington «para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero».
El proyecto inicial de ley, compartido el martes por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.
