(Caracas, 18 de febrero de 2022).- Eumelis Moya, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB en Guayana, aseguró que “hay un vacío y una omisión de los cuerpos gubernamentales” porque no están atendiendo, garantizando ni mitigando lo que está ocurriendo con el tema de la violación de derechos humanos contra las comunidades indígenas en el arco minero del Orinoco en Bolívar.
Resaltó que han estado más vulnerables a este tipo de prácticas, como los abusos sexuales, por el desplazamiento forzoso causado por la desforestación, contaminación del agua o la invasión de sus tierras por parte de grupos armados.
Al hablar del rango de edades de las mujeres afectadas, dijo que oscila entre los 12 y 35 años. Adicionalmente, reconoció que detectaron casos muy puntuales en los que se ven involucradas menores de edad.
Sobre el estudio realizado en Bolívar con las comunidades indígenas, comentó que población que habita en esta zona ha especificado que «tienen preferencia por las mujeres jóvenes porque en palabras de ellos ‘tardan más tiempo en echarse a perder'».
Finalmente, comentó que determinaron que «más de 3500 mujeres se encontraban trabajando en los sectores mineros«. Con esta cifra estiman que esa misma cantidad es el número de afectadas.
