(Caracas, 27 de mayo de 2024).- Juan Korody, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, advirtió que en un encuentro que realizó la asociación con empresarios este año, se evaluó la carga impositiva en varios ámbitos, advirtiendo que un contribuyente no especial está por encima de 50% de su utilidad, mientras que para el contribuyente especial el porcentaje de utilidad que se va en impuestos es de 80%.
“Para una empresa de entretenimiento, que no nombraré, su participación en impuestos supera el 95%, esto también pasa con las empresas de consumo masivo” añadió.
Alertó que las empresas de alcohol y cigarrillo tienen su participación en tributos que va entre un 50 y 70% del precio de sus productos.
Korody indicó que el contribuyente especial promedio paga una declaración de impuestos cada día del año, haciendo más de 200 declaraciones anualmente.
También aseguró que las empresas tienen una sobrecarga material y una formal que debe ser armonizada, pidiendo así a los entes correspondientes concertar los tributos, ya que hay una experiencia exitosa si se atacan problemas municipales.
«Las leyes y normas tributarias no están adaptadas para prever esta situación. La tributación en Venezuela está sometida a una fuerte presión por parte de las distorsiones económicas» acotó.
Destacó que las áreas metropolitanas y donde hay hidrocarburos suelen ser históricamente las que tienen más cargas fiscales.
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El presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario recordó que las empresas en Venezuela tienen cargas, no solo del poder nacional, sino también de los estados y municipios.
«En impuestos nacionales, las empresas tiene en Impuesto sobre la Renta (ISLR) que durante todo el año se hacen retenciones de este, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los contribuyentes especiales, que son casi todos, deben pagar el Impuesto sobre Patrimonio e Impuesto a Grandes Transacciones Financieras (IGTF)» dijo.
Además, insistió en que se deben pagar tasas en registros subalternos, mientras que en materia parafiscal, todas las empresas deben pagar un tributo a la ciencia y tecnología que se calcula sobre los ingresos brutos, al igual que el pago al fondo nacional de deportes y al de drogas, además de los aportes parafiscales a la Seguridad Social.
