(Caracas, 06 de mayo de 2026. Lismar Rebolledo /MundoUR).- El economista, consultor y profesor universitario Jesús Palacios afirmó que el país vive un proceso de estabilización y recuperación tras la crisis contractiva que tuvo lugar entre los años 2014 y 2020. Aunque el impulso actual es todavía moderado, Palacios destacó una oportunidad real en la industria petrolera, con proyecciones de incremento en la producción de más del 20% para el presente año.
Esta evolución positiva cuenta con el respaldo de los altos precios internacionales del crudo y la sinergia comercial con Estados Unidos. Según Palacios, la situación actual muestra que «el panorama y la perspectiva» han tenido una mejora importante, aunque recalcó que la prioridad debe ser el aumento del poder de compra de los ciudadanos y una reducción sensible de la inflación informó en entrevista concedida a Unai Amenábar para Circuito Éxitos.
En el ámbito cambiario, el Banco Central de Venezuela mantiene una política de intervención para dar estabilidad al mercado. En abril, la venta de divisas por parte de la banca alcanzó los 1.500 millones de dólares, y se espera que en mayo la cifra sea de 1.300 millones. El objetivo de este mecanismo es la contención del mercado no oficial y el equilibrio entre las tasas de cambio oficial y paralela. El especialista prevé un punto de encuentro para el valor de la moneda en torno a los 600 bolívares por dólar.
Por otra parte, el esquema fiscal requiere una revisión profunda, pues la carga tributaria sobre el sector formal es la más elevada de América Latina. Este fenómeno coexiste con un alto nivel de informalidad, donde múltiples negocios pequeños omiten sus declaraciones de ingresos, lo cual impide una visión completa de la economía. Palacios advirtió que la ausencia de transparencia fiscal dificulta la creación de incentivos para el desarrollo económico orgánico.
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El debate nacional se centra en reformas esenciales: el ajuste del tamaño del Estado, el sistema de pensiones y la normativa laboral. Sobre la Ley del Trabajo, el consenso entre los sectores es que «el sistema actual es perjudicial» y que la norma vigente resulta «imposible de cumplir para el empleador», lo que hace necesaria una apertura al diálogo con todos los actores involucrados para buscar soluciones progresivas.
