(Caracas, 20 de mayo de 2026. Lismar Rebolledo/MundoUR).- Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, analizó el reciente anuncio oficial sobre la próxima excarcelación de 300 detenidos en el país. A pesar de esta noticia, la activista aclaró que los registros de su organización contabilizan actualmente a 654 presos políticos, una cifra que supera el número de liberaciones previstas.
Tineo sostuvo enentrevista concedida a Román Lozinski para Circuito Éxitos que el beneficio de excarcelación resulta insuficiente para resolver la situación de derechos humanos. Según sus palabras: «la sola excarcelación no resuelve de fondo toda la situación», debido a que las personas mantienen procesos judiciales abiertos por cargos graves y enfrentan violaciones constantes al debido proceso. La experta denunció que a estos ciudadanos se les niega el derecho a una defensa con abogados de su confianza.
La representante de la ONG enfatizó la necesidad de un cese total a la persecución por motivos ideológicos. Tineo aseguró: «la única manera de cesar definitivamente en la persecución por razones políticas por vía judicial es que se proceda a la liberación plena». Sin esta medida definitiva, los excarcelados permanecen bajo medidas cautelares, como regímenes de presentación o prohibición de salida del país, que pueden sufrir una revocación en cualquier momento.
Señaló que los prisioneros sufren diversas situaciones, además de un grave deterioro de salud por la falta de atención médica y alimentación adecuada. Estos hechos responden a un «patrón sistemático o generalizado de ataque contra grupo de la población civil», lo cual vincula estos casos con las investigaciones por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.
Tambien te puede interesar: Hermana de expolicía metropolitano: Hector se refugió en Dios estas dos décadas en prisión
Las organizaciones civiles mantienen su esfuerzo en la documentación de evidencias, testimonios y actas procesales para su remisión a la fiscalía internacional. Este trabajo busca la determinación de responsabilidad penal de quienes cometieron estos crímenes y el acceso a la justicia para todas las víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
