(Caracas, 14 de octubre del 2021).- Mariana Romero, abogada, defensora de los Derechos Humanos, resaltó que el artículo 43 de la constitución establece que el Estado tiene el deber y obligación de proteger la vida de todas las personas que se encuentren bajo su custodia, sea privadas de libertad, prestando algún tipo de servicio militar o civil.
“El Estado venezolano es responsable por lo que sucedió en torno a la muerte del general Baduel”, aseguró.
Actualmente se realiza una investigación exhaustiva transparente e independiente bajo los principios internacionales.
Mencionó que el informe de la misión internacional detalla las fallas en el sistema de justicia, la falta de independencia de las injerencias del poder ejecutivo y las distintas irregularidades al juicio. “Estos procesos forman parte del patrón represivo que existe en Venezuela”.
Este organismo internacional también emite un comunicado dando la necesidad de garantizar los derechos de todas las personas privadas de libertad especialmente por motivos políticos.
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Reiteró la necesidad de liberar de forma inmediata y plena a todas las personas que han sido detenidas por motivos políticos de forma arbitraria.
La Corte Penal Internacional (CPI), sigue avanzando, se mantiene aún la espera del pronunciamiento del nuevo fiscal en torno al examen preliminar sobre Venezuela.
La abogada destacó que todos los elementos que se han incluido demuestran que en Venezuela no existen avances para garantizar los procesos de justicia.
